El día 19 de abril, diversos periódicos nacionales se hicieron eco de los aspectos que incluye la nueva ordenanza cívica que el Ayuntamiento de Lugo pretende poner en marcha. Se trata de un texto que recoge los derechos y deberes de los ciudadanos y también, las sanciones pertinentes en el caso de no respetarlos. Como todes sabemos, los ayuntamientos españoles son corporaciones de costumbres, por tanto, los y las trabajadores sexuales volvemos a formar parte de la trama principal de otra de sus ordenanzas del “buen convivir” y, por ende, también somos uno de los focos a los que irán destinadas las multas pertinentes.

La prostitución en España se encuentra en una situación de ’legalidad’ entre comillas, aunque no es una actividad económica reconocida; esto significa, por tanto, que se puede ejercer de forma libre (es decir, cuando una persona decide ejercerla y obtener beneficio económico no está penado pero no se reconoce como actividad laboral y por tanto carente de protección y derechos). Sin embargo, sí está sancionado la oferta y el consumo de prostitución cuando se realice en zonas de tránsito público y cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios, parques...), además ahora se plantea también la posibilidad de prohibirla en los domicilios privados, pese a que ejercer la prostitución libremente no está penado, los municipios tienen la capacidad de regularla en las calles a través de sus ordenanzas cívicas.

¿Es legal la prostitución en España? Situación de la prostitución:
La prostitución libre no está recogida en el Código Penal, pero éste sí que establece con claridad los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución (aunque lo haga voluntariamente).

Pero la ordenanza del Ayuntamiento de Lugo, lanzada por el gobierno socialista de Lara Méndez, vetará tanto los actos sexuales en plena calle, lo cual si está recogido en las capacidades de la ley de seguridad Ciudadana, como el uso de viviendas privadas para albergar servicios (siempre bajo responsabilidad del propietario o arrendador del inmueble), multando a quien lo alquile para ejercer la prostitución. Como podemos comprobar, el abolicionismo está dentro de los ayuntamientos, ya que solo quieren perseguir el trabajo sexual y encerrarnos en los burdeles persiguiendo a los compañeres libres y beneficiando a los y las empresarias de los clubes de alterne.

Se empeñan en cerrar pisos, pero los burdeles siguen abiertos, donde se ejerce la prostitución a la sombra de terceras personas que se llevan comisiones del servicio. Estos negocios se disfrazan como hostelería y no como trabajo sexual, y a sus trabajadoras sexuales se les contrata como camareras (si es que existe contrato de trabajo). Estos espacios siguen abiertos y no les afecta ninguna normativa, solo disfrutan de unos beneficios cada vez más amplios. Nos indigna que elaboréis normativas para no dejarnos ejercer libremente ya que “Todas las personas tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón o sexo”.
Lo que ocurre continuamente con el trabajo sexual no coaccionado que es legal, sacan normativas para criminalizar dicho trabajo y otros puestos más abusivos siguen abiertos en las calles. Lo conseguisteis con la ley de protección ciudadana, pero los pisos son libres y no lo vamos a permitir di no al Abolicionismo, di no a la criminalización de la prostitución, Di SI al trabajo sexual libre
EL TRABAJO SEXUAL ES TRABAJO.
Colectivo Caye